La Ley Orgánica de Protección de Datos hace ya sus efectos por todos los ámbitos en los que la información sobre los usuarios se pone de manifiesto. Desde internet hasta las entidades bancarias, la fluctuación de datos personales es constante, por lo que el Estado ha decidido proteger a sus ciudadanos con una normativa que sancione a quien haga uso indebido de ellos, como fraudes, acosos y otros delitos contra el honor.
Pero este derecho/obligación no sólo aplica en la faceta personal de cada individuo, sino que también afecta a grupos humanos como las comunidades de vecinos en tanto que están formadas por entes independientes y respaldados por esta ley. Ante esta situación, la pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde llega la legalidad? Desde Fincas Juan Royo, como administradores de fincas en Tenerife, te contamos todo lo que tienes que saber.
¿Hasta dónde llega la legalidad?
Las comunidades de vecinos pueden tener en sus manos tanto datos básicos (nombre, apellidos y DNI) como datos de envergadura (cuentas bancarias, información económica, etc…). Todos ellos deben estar inscritos en el organismo competente del Estado para velar por su seguridad y, por supuesto, la comunidad debe guardarlos a buen recaudo en ficheros confidenciales. Tanto es así que el propio presidente, si bien puede acceder a ellos, no tiene derecho a usarlos de forma indebida y, ni mucho menos, a poner en circulación sin el permiso expreso del individuo.
Por supuesto, ningún dato de los recabados será legal si no se ha obtenido voluntariamente de cada usuario, por lo que la petición previa es crucial. Además, mal que les pese a ciertos perfiles presidenciales, ningún vecino está obligado a proporcionar cualquier dato que se le solicite, salvo aquellos exigidos por la Ley de Propiedad Horizontal.
Por otro lado, la LOPD no sólo protege la intimidad de los ciudadanos, sino su imagen. Por esta razón, las comunidades de vecinos están obligadas a notificar la implantación de sistemas de videovigilancia en el recinto, previa votación favorable unánime de los propietarios, y no seguir este procedimiento conlleva sanciones. Igualmente, publicar fotografías de los miembros con adeudos es denunciable por parte de los agraviados, por lo que la comunidad podría ser multada del mismo modo.
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