Con el objetivo de poder agilizar los procedimientos legales para que los propietarios recuperar sus inmuebles, la Ley de Desahucio Exprés se ha convertido en un procedimiento civil que ha despertado un gran interés durante los últimos años.
Para poder entender su notoriedad, es importante tener en cuenta el crecimiento llevado a cabo por parte de las ocupaciones durante los últimos años. Con un creciente número de viviendas que se encuentran asaltadas de manera ilegal. Con el correspondiente trastorno para sus dueños.
Un procedimiento civil especialmente eficaz
La idea fundamental que persigue esta ley es la de gestionar todo este tema por lo civil. Sin que resulte necesario llegar al ámbito penal por un delito de usurpación. De esta manera, se consigue evitar una mayor inversión, tanto de tiempo como de dinero, por parte del demandante.
Para ello, el propietario debe presentar una demanda de recuperación inmediata de la demanda. Para ello, no es necesario que los okupas estén identificados. A partir de este momento, serán éstos los que serán contactados por las fuerzas del orden. Proporcionándoles un plazo de cinco días para justificar la posesión de la vivienda.
La decisión final del juez
Es a partir de este momento cuando el juez ordena la entrega inmediata del inmueble por parte del demandante. La demora final de todo este procedimiento dependerá de la cantidad de recursos que se presenten por parte de los okupantes. No obstante, y dado el escaso impacto que éstos suelen llegar a tener, en la mayoría de los casos se decantan por no presentar nada y dejar el inmueble cuanto antes.
La Ley de Desahucio Exprés se ha consolidado como un recurso especialmente eficaz para enfrentarse a este tipo de procedimientos cuando se produce un asalto, y posterior ocupación, a una propiedad privada.
